La abstención, la gran aliada de la Constitución de Pinochet en Chile

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Corresponsal en Santiago de Chile
Actualizado:22/10/2020 01:28h

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El plebiscito que los chilenos votarán este domingo y que resolverá sobre la continuidad de la actual Constitución -elaborada hace 40 años por la dictadura del general Augusto Pinochet– tiene una incógnita relevante: cuántos votantes llegarán a las urnas.

Desde el 2006 en Chile el voto es voluntario y desde entonces la participación en las elecciones ha caído de manera persistente. En la última elección presidencial, en la que fue elegido el actual gobernante Sebastián Piñera, hubo una abstención del 60 por ciento. El empresario de derechas fue elegido con solo el 27 por ciento del padrón electoral en segunda vuelta, cuando la participación subió al 49 por ciento del padrón.

Para este domingo están convocados 14.855.719 electores habilitados, de los cuales el 51 por ciento son mujeres; mientras el 40 por ciento tiene menos de 40 años de edad. Desde el mundo político, si bien estimulan la participación en la elección, advierten sobre los eventuales impactos de dos factores: el temor a posibles hechos de violencia –que muchos descartan- y la persistencia de contagios por Covid-19.

Mayor apoyo a la reforma

Distintas encuestas divulgadas durante las últimas semanas apuntan a que entre el 60 y el 65 por ciento de los electores habilitados llegarán el domingo a votar por el «apruebo» o el «Rechazo» al cambio constitucional. Según Data Influye, una consultora independiente, la participación ciudadana será un 15 por ciento superior a las elecciones presidenciales anteriores, con más de 8 millones 800 mil votantes.

El plebiscito del domingo es resultado de las movilizaciones y protestas que estallaron el 18 de octubre del año pasado, que obligó al gobierno de Piñera y el Congreso a buscar una salida política a la crisis que desnudó problemas estructurales de desigualdades en el modelo chileno. El 15 de noviembre fue firmado el «Acuerdo por la paz y la nueva Constitución» al que concurrieron todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, a excepción del Partido Comunista chileno y una parte del Frente Amplio. El pacto no terminó con las protestas, pero aplacó su intensidad y abrió un camino político para la superación de la crisis.

Además de la aprobación o rechazo al cambio constitucional, los electores tendrán una segunda papeleta, en la que elegirán el tipo de organismo que escribirá la nueva Carta Magna: una Convención Mixta, integrada por 50 por ciento de parlamentarios en ejercicio y 50 por ciento de delegados elegidos por voto popular, o una Convención Constitucional, que será íntegramente elegida por los votantes. La segunda opción además será paritaria (mitad mujeres y mitad hombres), con escaños reservados para pueblos originarios –aun en trámite legislativo- y cupos para personas en situación de discapacidad.

De ser aprobada la elaboración de una nueva Constitución, la elección de delegados se realizará el 11 de abril del próximo y tendrá nueve meses –con una posible prórroga de tres meses más- para redactarla, para luego ser sometida a un nuevo plebiscito «de salida», con voto obligatorio.

Neutralidad del Gobierno

Según los sondeos, la opción «Apruebo» –apoyada por toda la oposición y sectores oficialistas- podría ganar por el 60 por ciento de los votos, al igual que la Convención Constitucional. El presidente Piñera declaró la «neutralidad» del Gobierno, pero varios de sus ministros han declarado que votarán por el cambio de Constitución, al igual que sectores de los partidos oficialistas, incluido el más probable candidato presidencial, Joaquín Lavín.

«El Gobierno está comprometido a generar las condiciones para que el domingo tengamos un plebiscito seguro y de alta participación», dijo este miércoles el ministro del Interior, Víctor Pérez, cuando los informes sanitarios indicaban que los contagios diarios están sobre los mil casos y aún algunas ciudades permanecen en cuarentena.

Al desmarcarse de las opciones en competencia, cualquiera sea el resultado, el Gobierno de Piñera tendrá la oportunidad de atribuirse el éxito de la jornada electoral, incluso el fin del legado constitucional de Pinochet.

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